“El sistema de justicia penal en Bolivia es excesivamente punitivo”


January 3, 2017 Notas

sociedad prefiere ver al delincuente encarcelado que reintegrado, sostiene De Leo, que expone el trabajo de la UNODC para encontrar alternativas sostenibles al excesivo encarcelamiento.

Muchos sistemas penitenciarios de América Latina y el mundo están en crisis, lo que, por un lado, genera graves consecuencias que afectan a las personas detenidas, sus familias y las sociedades en su conjunto; y por otro, no contribuye a frenar el poder del crimen organizado.

La Oficina de las NNUU contra la Droga y el Delito se dedica, entre otros asuntos, a analizar la realidad de sistema carcelario en diversos países y promover políticas de mejoramiento de sus condiciones.

"La realidad de las cárceles en muchos países tiende no sólo a estar lejos de los estándares internacionales fijados como óptimos en el marco del respeto de los derechos humanos, sino que también debilita el fin último de la pena de prisión: la protección de la sociedad frente al delito”, menciona Antonino De Leo, representante en Bolivia de la UNODC en entrevista con Página Siete.

La acción de la UNODC en este ámbito se articula en torno a tres ejes desarrollados para abordar la crisis penitenciaria a nivel global: reducir el uso del encarcelamiento, mejorar las condiciones de reclusión y apoyar programas de reintegración social para las personas privadas de libertad tras su liberación.

¿Cómo evalúa la situación penitenciaria en Bolivia?
La naturaleza de la crisis penitenciaria en Bolivia es multidimensional y se manifiesta principalmente  con altos niveles de hacinamiento o sobrepoblación y condiciones carcelarias inadecuadas. Entre los factores que contribuyen a esta crisis penitenciaria, podemos destacar: medidas insuficientes para prevenir el delito, en particular la delincuencia juvenil, políticas de justicia penal de corte punitivo, el uso excesivo de la prisión preventiva y del encarcelamiento en general, la falta de uso de medidas alternativas al encarcelamiento, infraestructura penitenciaria inadecuada, la falta de acceso a la asistencia jurídica, la falta de medidas para promover la reintegración social y de prevención de la reincidencia, la falta de atención a las necesidades específicas de las mujeres infractoras y privadas de libertad.

En cuanto al narcotráfico, se ha hablado de reformas en las leyes. Entre ellas, la reforma de la ley de la hoja de coca que podría separarse del tema de las drogas. También se ha pedido que se disminuyan las penas para las personas que llevan poca cantidad de droga ¿Cómo ve estas propuestas? Desde el punto de la justicia penal, nos interesa en especial la vulnerabilidad de las mujeres privadas de libertad. Tiene que ver con todo el sistema penal y en especial con la ley de sustancias controladas. En Bolivia se penaliza excesivamente a las mujeres en comparación a otras partes del mundo. A nivel global el número de las mujeres privadas de libertad ha aumentado en un 50% en los últimos 15 años, mientras que el número de hombres privados de libertad ha aumentado un 18%. Las mujeres privadas de libertad, en el caso Bolivia, constituyen el 8,1% de la población penitenciaria, frente al 6,3% del promedio mundial, el 6,1% de América Latina y el 8% en América del Norte, con la exclusión de Estados Unidos.

¿Por qué se penaliza tanto a las mujeres?
Las razones son principalmente dos, ambas relacionadas: Primero, las políticas penales de corte punitivo. La sociedad, alimentada por datos mediáticos, prefiere encarcelar a ver al delincuente reintegrado. Entonces, se hace un uso excesivo y abusivo también del encarcelamiento. El encarcelamiento debería ser un último recurso y se ha transformado en la norma, en uso abusivo ¿Por qué digo uso abusivo? Es una expresión de Naciones Unidas porque, en el caso de la detención preventiva, están en la cárcel delincuentes con  sentencias por delitos graves al lado de supuestos delincuentes con delitos menores y también, por ejemplo, gente que tiene problemas de salud mental, que no debería estar en la cárcel. El sistema de justicia penal a nivel internacional, y Bolivia no es una excepción, tiene sesgos punitivos.

¿Y en el caso de la droga?
El tema de la droga es fundamental. En Bolivia, alrededor del 39% de las mujeres privadas de libertad lo son por delitos menores relacionados con droga. Eso significa seguramente que son delitos menores, en el sentido de que están privadas por transportar pequeñas cantidades de droga.

En realidad, son los eslabones más débiles de la cadena, que son los más fáciles de capturar, que están siendo encarcelados. Tenemos que preguntarnos si cuando encarcelamos a una mujer que por transportar un kilo de droga de una ciudad a otra de Bolivia, a quien le dan 100 bolivianos por ese trabajo, ¿estamos protegiendo la seguridad pública? No creo, porque hay decenas de miles de otras mujeres pobres en condiciones socioeconómicas muy precarias que van a ser víctimas y utilizadas por el narcotráfico.

Desde hace más de un año nosotros estamos acompañando los esfuerzos del gobierno en Bolivia en la reforma del sistema penitenciario como parte integral de la transformación del sistema de justicia penal, y lo estamos haciendo promocionando las buenas prácticas, los estándares internacionales, las lecciones aprendidas en todo lo que es prevención integral del delito y políticas criminales y justicia penal en relación a la población vulnerable en las cárceles. Ponemos particular énfasis en las mujeres criminalizadas por su pobreza y criminalizadas por una ley o una serie leyes de corte punitivo que fueron aprobadas entre los años 80 y 90 en toda América del Sur.

¿Cuál es la solución para esta situación?
Hay varias soluciones. Nosotros hablamos de la crisis global del sistema penitenciario, con altos niveles de hacinamiento carcelario, con altos niveles de detención preventiva y con escaso acceso a la asistencia jurídica, entre otros síntomas y factores. Nosotros proponemos enfocarnos a nivel global, y Bolivia no es una excepción, en tres áreas fundamentales: 1) reducir el encarcelamiento; 2) mejorar las condiciones de vida de los privados de libertad, y 3) invertir más en reinserción, reintegración social y prevención de la reincidencia. El encierro no funciona. Estamos atrapados en un círculo vicioso. Damos más años de prisión y ninguna inversión en integración social o reinserción.

Hay estudios que indican que el 70% de los privados y privadas de libertad reinciden y reinciden por falta de reinserción y reintegración social y por falta de políticas de prevención del delito y prevención de la reincidencia.

El encierro no funciona, porque no sólo hace que no se pueda cumplir con los derechos humanos de los privados y privadas de libertad, sino que tampoco se pueda cumplir con el fin último del encarcelamiento que sería la protección de la sociedad frente al delito.

A juzgar por lo ocurrido en la Cumbre de Justicia, la tendencia en Bolivia es más bien a aumentar las penas, no a reducirlas.

No es una tendencia únicamente en Bolivia, sino lamentablemente a nivel internacional. Es por eso que, en un trabajo conjunto con el Ministerio de Gobierno y miembros de la sociedad civil, hemos lanzado un proyecto de sensibilización de la realidad de las personas privadas de libertad. Hemos lanzado una producción artística de alto valor social que tiene por título "Obrajes” y que nos permite escuchar en la misma voz de los privados de libertad en Obrajes su vivencia cotidiana y sus vivencias personales con el objetivo último de incidir y sensibilizar, incidir en la sociedad que quiere mayor castigo o castigos desproporcionados al delito para empezar a tener una mirada del siglo XXI, de invertir más en reinserción, en integración social y prevención de la reincidencia.

En Bolivia, este último año, se han visto empresas involucradas en narcotráfico, en el transporte de grandes cantidades  de droga hacia varios países...

El narcotráfico es parte de una variedad de delitos en los cuales el crimen organizado nacional y transnacional está involucrado.

Nosotros promocionamos un enfoque que pueda abordar el fenómeno delictivo desde la perspectiva de las grandes redes criminales, pero que también desde un estudio de los mercados del delito más allá de la persona que está involucrada en el delito.

En este sentido hay que recordar que el narcotráfico es una de las varias dimensiones de otros delitos importantes del crimen organizado, como la trata de personas, el tráfico de armas, el tráfico de vida silvestre.

En el caso de América Latina, también está la minería ilegal. Hay un estudio muy interesante de abril de 2016, que habla de cómo el crimen organizado está involucrado en la minería ilegal del oro y cómo una parte del oro que proviene de América Latina y que se vende a nivel mundial, viene de la minería ilegal, y es gestionado por estas redes de crimen organizado. Son, también, las mismas organizaciones criminales que están involucradas en la trata de personas para fines sexuales y laborales.

Entonces, es importante abordar el tema desde una perspectiva global.

Pero, ¿qué progresos concretos se ven en Bolivia de este campo?
Es difícil evaluar los progresos porque se necesita de datos más sólidos y es una realidad muy compleja. Nosotros, dentro de un programa de asistencia técnica, hemos presentado una propuesta para realizar un estudio integral del delito en Bolivia, que incluye un componente que nos serviría para evaluar las necesidades de prevención del delito a nivel local. Se necesita una base de datos fuerte y un análisis de los mercados criminales para entender mejor el fenómeno, y a partir de ahí, diseñar estrategias, políticas criminales y también de persecución del delito.

Alternativas al encarcelamiento
De Leo sostiene que en todo el mundo se recurre cada vez más al encarcelamiento como forma general de castigo, aunque haya pocas pruebas de que su mayor utilización mejore la seguridad pública. "Las reglas y normas de las Naciones Unidas abogan por el uso del encarcelamiento sólo como último recurso y que se utilice con la menor frecuencia posible. Esto es fundamental cuando se trata de grupos vulnerables, porque el encarcelamiento puede resultar un castigo desproporcionadamente cruel para muchos grupos vulnerables”.

El hacinamiento en Bolivia es del 200%, según De Leo. Para lograr la reducción de la sobrepoblación en las cárceles de Bolivia, la UNODC recomienda que se adopten, en el corto plazo, medidas para reducir los altos niveles de detención preventiva. Entre ellas: comparecer ante un tribunal en un día concreto, abstenerse de: interferir en el curso de la justicia, incurrir en una conducta determinada, ir, o no ir, a determinados lugares o zonas, o aproximarse a determinadas personas, permanecer en una dirección domiciliaria concreta, presentarse diariamente o de forma periódica ante un tribunal, la policía u otra autoridad, entregar el pasaporte u otros documentos de identificación, aceptar la supervisión de un organismo designado por el tribunal, someterse a vigilancia electrónica, entregar fondos u otros tipos de propiedad como garantía de que comparecerá ante el juez en el momento del juicio, mantener una conducta determinada mientras el juicio no se celebre. (Página Siete)

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